Por qué veinte países están contra el Tribunal Europeo y por el Crucifijo
Jesús Colina
Entrevista a Grégor Puppinck, director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia
ESTRASBURGO, miércoles 21 de julio de 2010 (ZENIT.org).- La sentencia contra el Crucifijo en las escuelas italianas ha suscitado la oposición más amplia de la historia del el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): veinte países se han opuesto y han salido oficialmente en defensa de Italia.
La edición italiana de "L'Osservatore Romano" del 22 de julio explica los motivos en un artículo escrito por Grégor Puppinck, director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia (European Centre for Law and Justice, ECLJ), organización no gubernamental con sede en Estrasburgo, comprometida con la libertad de culto y de pensamiento, en especial ante el TEDH y las Naciones Unidas.
Puppinck, experto en libertad religiosa ante las principales instituciones internacionales, en ese artículo muestra que la oposición a la sentencia no sólo se debe a motivos de carácter político y jurídico, sino también espiritual.
"El debate sobre la legitimidad de la presencia del símbolo de Cristo en la sociedad italiana es el emblema de una voluntad de secularizar Europa", advierte en esta entrevista en la que repasa los argumentos presentados en el diario de la Santa Sede.
-Comencemos por la cuestión central, ¿qué implica la sentencia contra el Crucifijo?
-Grégor Puppinck: El asunto fue presentado al Tribunal de Estrasburgo por Soile Lautsi, ciudadana italiana de origen finlandés, que había pedido en 2002 a la escuela pública en la que estudiaban sus dos hijos, "Vittorino da Feltre" en Abano Terme (Padua), que quitara los crucifijos de las aulas. La dirección de la escuela se negó por considerar que el crucifijo forma parte del patrimonio cultural italiano, y posteriormente los tribunales italianos dieron razón a este argumento. Ante la Corte de Estrasburgo, la señora Lautsi argumentó que la exposición del Crucifijo en las clases de sus hijos constituiría una violación de su libertad de convicción y, por tanto, del derecho a recibir una educación pública según sus convicciones religiosas.
Al dar razón a la demandante, el Tribunal consideró que la presencia de un símbolo religioso en las aulas de clase es algo malo en sí, que no puede justificarse. Hasta ese momento, la Corte siempre había considerado, por el contrario, que los Estados son libres en este campo, que es necesario respetar su cultura y tradición, y que el único límite que no puede superarse es el de someter a los alumnos a adoctrinamiento o a un proselitismo abusivo.
Con el objetivo de dar un fundamento legal a su decisión, la Corte ha creado una obligación nueva, según la cual, el Estado estaría "obligado a la neutralidad confesional en el marco de la educación pública, donde la participación en los cursos es requerida sin tener en cuenta la religión y que debe tratar de inculcar en los alumnos un pensamiento crítico". En otras palabras, la Corte afirma en la sentencia Lautsi que una sociedad, para ser democrática, debe renunciar a su identidad religiosa.
Italia ha presentado un recurso contra esta sentencia ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, que ha sido escuchado el 20 de junio. La sentencia de la Corte se espera para otoño.
-¿Por qué esta sentencia ha suscitado la oposición de veinte países y el apoyo a Italia?
-Grégor Puppinck: El caso Lautsi tiene una importancia considerable. Es emblemático, pues pone en tela de juicio la presencia visible de Cristo en las escuelas de Roma, de Italia, y de toda Europa. Este caso se ha convertido en un símbolo del actual conflicto sobre el porvenir de la identidad cultural y religiosa de Europa. Este conflicto enfrenta a los promotores de la secularización total de la sociedad y los que defienden una Europa abierta y fiel a su identidad profunda. Los promotores de la secularización ven en el secularismo la solución que permite gestionar el pluralismo religioso, y ven el pluralismo como un argumento que permite imponer el secularismo.
En todo esto no hay nada de neutral. La "secularización" no es un fenómeno estrictamente espontáneo o ineluctable. Incluso en lo esencial, procede de opciones políticas, como la política anticlerical de Francia a inicios del siglo XX, o la que actualmente promueve el gobierno español. Lo mismo sucede con esta primera sentencia Lautsi, que no sólo se fundamenta en argumentos jurídicos, sino ante todo en un prejuicio político.
Europa es diversa y sólo una minoría de Estados, como Francia, ha renunciado oficialmente a su identidad cristiana. Otros han permanecido fieles, o han vuelto a abrazarla, como sucede en ciertos países que fueron comunistas. El pluralismo religioso, el cosmoplitismo, que sirve de paradigma a la argumentación del Tribunal, es una realidad de ciencia ficción ajena al territorio europeo.
Queda cada vez más claro que las instituciones públicas de Europa occidental, y la sentencia Lautsi no es más que un ejemplo, han optado por limitar la libertad religiosa e imponer la secularización de la sociedad con el objetivo de promover un cierto modelo cultural en el que la ausencia de valores (neutralidad) y el relativismo (pluralismo) son los únicos valores que justifican un proyecto político que quiere ser "post-religioso" y "post- identitario", en una palabra, "postmoderno". Este proyecto político tiene una tendencia al monopolio en cuanto sistema filosófico.
-Pero esta sentencia ha provocado una reacción política sin precedentes, que nadie se esperaba...
-Grégor Puppinck: Así es. Tres semanas después de la audiencia ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, cada día queda más claro que se ha logrado una victoria realmente considerable contra la dinámica de la secularización. Si bien jurídicamente Italia todavía no ha ganado, políticamente ya ha logrado una victoria magistral. De hecho, hoy, al menos veinte países europeos han ofrecido su apoyo oficial a Italia, en defensa pública de la legitimidad de la presencia de los símbolos cristianos en la sociedad y, en particular, en las escuelas.
En un primer momento, diez países participaron en el caso Lautsi como "amicus curiae", es decir, "tercera parte". Cada uno de estos países --Armenia, Bulgaria, Chipre, Grecia, Lituania, Malta, Mónaco, Rumanía, Federación Rusa y San Marino-- ha entregado a la Corte un documento escrito en el que la invita a anular la primera decisión. Estos documentos no sólo tienen un interés jurídico, sino que son ante todo testimonios extraordinarios de defensa de su patrimonio y de su identidad ante la imposición de un modelo cultural único. Lituania, por ejemplo, no ha dudado en comparar la sentencia Lautsi con la persecución religiosa que sufrió y que se manifestaba precisamente en la prohibición de símbolos religiosos.
A estos diez países, se les han añadido otros diez. Los gobiernos de Albania, Austria, Croacia, Hungría, Macedonia (ARYM), Moldavia, Polonia, Serbia, Eslovaquia y Ucrania, han puesto públicamente en tela de juicio la sentencia de la Corte y han pedido que las identidades y tradiciones religiosas nacionales sean respetadas. Varios gobiernos han insistido en el hecho de que la identidad religiosa constituye la fuente de los valores y de la unidad europea.
De este modo, con Italia, ya casi la mitad de los Estados miembros del Consejo de Europa (21 de 47) se ha opuesto públicamente a este intento de secularización forzada de las escuelas y ha afirmado la legitimidad social del cristianismo en la sociedad europea. Detrás de los argumentos reales de defensa de la identidad, de la cultura y de la tradición cristiana nacional, estos veinte Estados han afirmado y defendido públicamente su apego al mismo Cristo; han recordado que está en conformidad con el bien común el que Cristo esté presente y sea honrado en la sociedad.
Esta coalición que agrupa a casi toda la Europa central y del este muestra que todavía hoy se da una división cultural interna en Europa; muestra también que esta división puede superarse, como testimonia la importancia del apoyo ofrecido a Italia por países de tradición ortodoxa, independientemente de la orientación política del momento.
La importancia del apoyo ofrecido por países de tradición ortodoxa se debe en gran parte a la determinación del patriarcado de Moscú a defenderse ante el avance del secularismo. Aplicando la petición del patriarca Kiril de Moscú a "la unidad de las Iglesias cristianas contra el avance del secularismo", el metropolita Hilarion, presidente del Departamento para las Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, ha propuesto la constitución de una "alianza estratégica entre católicos y ortodoxos" para defender juntos la tradición cristiana "contra el secularismo, el liberalismo, y el relativismo que prevalecen en la Europa moderna". Este apoyo debe entenderse probablemente como una aplicación de esta estrategia.
El Consejo de Europa, del que depende el Tribunal de Estrasburgo, afirma en su Carta fundadora "el apego inquebrantable" de los pueblos de Europa a "los valores espirituales y morales que conforman su patrimonio común". Estos valores espirituales y morales no son de carácter privado, constituyen la identidad religiosa de Europa y son reconocidos como fundadores del proyecto político europeo. Como recordaba recientemente el Santo Padre, el cristianismo se encuentra en el origen de estos valores espirituales y morales. La alianza de estos 21 países indica que es posible construir el porvenir de la sociedad europea sobre este fundamento, a condición de hacer una reflexión lúcida sobre el modelo cultural occidental contemporáneo y en la fidelidad a Cristo. Europa no puede afrontar el porvenir renunciando a Cristo.
